Las cláusulas penales son procedentes ante el solo incumplimiento contractual, sin necesidad de haber generado un daño en el acreedor.

La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, ante un caso de resolución contractual, resolvió que la parte incumplidora del contrato debía pagar la cláusula penal aun cuando no se habían probado daños en el acreedor, enfatizando que la multa cumple una función resarcitoria, porque importa una liquidación convencional, o sea, por anticipado de los daños y perjuicios que el incumplimiento de la obligación causa al acreedor.

La sentencia de primera instancia había hecho lugar a la demanda incoada y, en consecuencia, declarado resuelto el contrato de compraventa de un inmueble ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ordenando a la parte demandada restituir la posesión del bien a la actora en el plazo de treinta días, con pérdida de lo abonado en concepto de daños y perjuicios por el incumplimiento contractual en que incurriera la compradora. Asimismo, impuso las costas del proceso a la demandada vencida.

En ese sentido, la Cámara afirmó que «si la compradora quedó incursa en mora, es indudable que habilitó la aplicación de la cláusula 7ª. del boleto y, en consecuencia, la facultad de la parte vendedora de declarar resuelta la relación jurídica de que se trata, o sea, el pacto comisorio allí previsto, así como también la cláusula penal resolutoria, esto es, la pérdida de las sumas entregadas en favor de la vendedora.»

En ese sentido, puntualizó que «la falta de “acreditación de daños particulares” que invoca la recurrente para fundar sus agravios carece de todo asidero porque el acreedor no sólo no está precisado a producir la prueba del daño, sino que tiene derecho al importe de la pena, aunque no hubiere experimentado daño alguno».

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