DNU para Asistencia al Trabajo y la Producción- Borrador 30/03/2020

Decreto Asistencia para el Trabajo y la Producción (30_03_2020) 1605VISTO el Expediente N° EX-2020-…-APN-DGD#…, el Decreto de Necesidad y Urgencia 260 del 12 de marzo de 2020, las las Leyes N° 27.541, 27.264, y 24.013, 11.683, y los Decreto 618 del 10 de julio de 1997 y 507 del 24 de marzo de 1993,  y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Decreto de Necesidad y Urgencia 260 del 12 de marzo de 2020 dispuso ampliar la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN  MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en  relación con el coronavirus COVID-19, por el plazo de un año.

 

Que en razón de la emergencia declarada se han adoptado distintas medidas destinadas a restringir la expansión del virus COVID-19, limitando la circulación de personas y el desarrollo o la limitación al desarrollo de actividades determinadas, produciendo un impacto económico negativo sobre los sectores afectados.

 

Que a raíz de la situación de emergencia no sólo se debe procurar la adopción de medidas tendientes a la protección de la salud sino también a coordinar esfuerzos para mantener los procesos productivos en aras de garantizar el sostenimiento del empleo.

 

Que en tal sentido la merma de la actividad productiva por la crisis sanitaria en la que se encuentra el país afecta de manera inmediata y aguda a las empresas de menor dotación de personal.

 

Que es necesario adoptar medidas que reduzcan el impacto económico eliminando rigideces del sistema tributario.

 

Que es aconsejable, considerando la situación actual, en uso de las facultades conferidas por el artículo 58 inc. c) de la Ley 27.541 reducir y o postergar el pago de las contribuciones al Sistema Integrado Previsional Argentino del personal que desarrolla tareas en actividades afectadas, desde la fecha de entrada en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia 260 del 12 de marzo de 2020.

 

Que por los artículos 1º del Decreto 618 del 10 de julio de 1997 y 22º del Decreto 507 del 24 de marzo de 1993 la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS es la encargada de fijar los vencimientos de los recursos de la seguridad social, y el artículo 32 de la Ley 11.683 faculta a conceder facilidades de pago a favor de aquellos contribuyentes y responsables que acrediten encontrarse en condiciones económico-financieras que les impidan el cumplimiento oportuno de dichas obligaciones. Es oportuno instruir a la misma a la adopción de medidas que contemplen nuevos vencimientos de las contribuciones patronales y facilidades de pago para empleadores cuyos trabajadores han sido alcanzado por la emergencia.

 

Que la Ley N° 24.013 previó el despliegue de acciones por parte del PODER EJECUTIVO NACIONAL dirigidas a mejorar la situación socio-económica de la población, adoptando como eje principal la política de empleo, comprensiva ésta de la promoción y defensa del empleo. Que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, como autoridad de aplicación de la Ley N° 24.013, tiene a su cargo la elaboración de los planes y programas pertinentes y en tal sentido, dentro de sus competencias, la de disponer todas las medidas necesarias para alcanzar los objetivos previstos por las leyes a fin de atender las situaciones que pongan en peligro la calidad y/o cantidad de puestos de trabajo.

 

Que la Ley 27.264  instituye en forma permanente el Programa de Recuperación Productiva que fuera creado por la Resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social N° 481 de fecha 10 de julio de 2002 y sus modificatorias y complementarias.

Que el Programa de Recuperación Productiva es una herramienta de suma utilidad a los fines de coadyuvar a los empleadores a transitar la actual crisis sanitaria.

 

Que la dinámica de la pandemia y su impacto sobre la salud pública hacen imposible seguir el trámite para la sanción de las leyes.

 

Que la Ley N° 26.122, regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por el artículo 99 inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

 

Que la citada ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE tiene competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los Decretos de Necesidad y Urgencia, así como para elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles.

 

Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones, y que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Carta Magna.

 

Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.

 

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 1°, 2° y 58 de la Ley N° 27.541 y el artículo 99 inciso 1), 2) y 3) de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

 

 

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

DECRETA:

 

 

ARTÍCULO 1°.– Créase el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y trabajadores afectados por la emergencia sanitaria.

 

ARTÍCULO 2°.-  El Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción consistirá en la obtención de uno o más de los siguientes beneficios:

 

  1. Postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino.
  2. Asignación Compensatoria al Salario: Asignación no remunerativa abonada por el Estado para todos los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia del sector privado, comprendidos en el régimen de negociación colectiva en los términos de la Ley 14.250, para empresas de hasta 100 trabajadoras y trabajadores.
  3. REPRO Asistencia por la Emergencia Sanitaria: Suma no remunerativa abonada por el Estado para las trabajadores en relación de dependencia del sector privado, comprendidos en el régimen de negociación colectiva en los términos de la Ley 14.250 en empleadores que superen los 100 trabajadores y trabajadoras.
  4. Sistema integral de prestaciones por desempleo: las y los trabajadores que reúnan los requisitos previstos en los artículos 113 y 114 de la ley 24.013 accederán a una prestación económica por desempleo conforme las consideraciones estipuladas en el Artículo 11 del presente Decreto.

 

ARTÍCULO 3°.- Los sujetos alcanzados por la presente norma podrán acogerse a los beneficios estipulados en los incisos a), b) y c) del artículo 2 del presente decreto en la medida en que den cumplimiento con uno o varios  de los siguientes criterios.

  1. Cuando sus actividades económicas fueran afectadas en forma crítica en las zonas geográficas donde se desarrollan.
  2. Con trabajadores contagiados por el COVID 19 o en aislamiento obligatorio o con dispensa laboral por estar en grupo de riesgo u obligaciones de cuidado familiar relacionadas al COVID 19.
  3. Se acredite una sustancial reducción en sus ventas con posterioridad al 20 de marzo de 2020.

 

La JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS determinará las condiciones para el cumplimiento de los requisitos establecidos en este artículo.

 

ARTÍCULO 4°.- Los empleadores que adhieran a los beneficios del presente Decreto, durante su vigencia, deberán abstenerse de disponer despidos sin causa (art. 245 LCT) y por razones de fuerza mayor (art. 247 LCT). Los trabajadores despedidos sin causa (art. 245 LCT)  y por razones de fuerza mayor (art. 247 LCT) desde el 29 de febrero de 2020 deberán ser incorporados nuevamente bajo las mismas condiciones laborales.

ARTÍCULO 5°.- EXCLUSIONES. Se encuentran excluidos de los beneficios del presente decreto aquellos sujetos que realizan las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia sanitaria y que se encuentran exceptuados del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, conforme las prescripciones del artículo 6° del decreto 297 de fecha 19 de marzo de 2020 y la Decisión Administrativa N°429 del 20 de marzo del 2020 de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y eventuales ampliaciones, así como todas aquellas otras que sin encontrarse expresamente estipuladas en las normas antedichas no exterioricen indicios concretos que permitan inferir una disminución representativa de su nivel de actividad.

ARTÍCULO 6°.- La JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS establecerá los criterios objetivos, actividades y demás elementos que permitan determinar la asistencia a recibir por las sujetos beneficiados así como los parámetros previstos en el artículo 3.

ARTÍCULO 7°.- Beneficios de la seguridad social. Los sujetos que cumplan con los requisitos establecidos los artículos 3° y 4° del presente Decreto de conformidad con el Artículo 5° del mismo texto, accederán a uno de los siguientes beneficios en materia de las obligaciones emanadas del sistema de seguridad social:

 

  1. Postergación de los vencimientos para el pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino.
  2. Reducción de hasta el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95 %) de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino devengadas durante el mes de abril del 2020. El beneficio de la reducción será establecido por la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS en función de los parámetros que defina la reglamentación según lo establecido en el artículo 3°.

 

El beneficio estipulado en el inciso b) del presente artículo será para empleadores cuyo número total de trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia, al 29 de febrero de 2020, no supere la cantidad de SESENTA (60). Aquellos empleadores, cuya plantilla de personal en relación de dependencia supere dicha cantidad, en las condiciones allí establecidas, deberán, a los efectos de gozar del mencionado beneficio, promover el Procedimiento Preventivo de Crisis en el Capítulo 6 del Título III de la Ley N° 24.013, con los alcances y limitaciones que establezca la reglamentación.

 

ARTÍCULO 8°.- Instrúyase a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS a disponer vencimientos especiales para el pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino devengadas durante los meses de marzo y abril del año en curso, y facilidades para el pago de las mismas, a los fines de las postergación establecida en el inciso a) del artículo 7 ° del presente Decreto aplicable a los empleadores que defina la reglamentación según lo establecido en el artículo 3°.

 

ARTÍCULO 9°.- Asignación compensatoria. La Asignación Compensatoria al Salario consistirá en una suma no remunerativa abonada por la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL para todos o parte de los trabajadores comprendidos en el régimen de negociación colectiva (Ley Nº 14.250) en empleadores de hasta 100 trabajadores y que cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 3° y 4° del presente Decreto, de conformidad con el artículo 5 del mismo texto. El monto de la asignación se determina de acuerdo a los siguientes parámetros:

  1. Para los empleadores de hasta 25 trabajadores: 100% del salario neto, con un valor máximo de UN (1) Salario Mínimo Vital y Móvil vigente.
  2. Para los empleadores de 26 a 60 trabajadores: 100% del salario neto, con un valor máximo de hasta un 75% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente.
  3. Para los empleadores de 61 a 100 trabajadores: 100% del salario neto, con un valor máximo de hasta un 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente.

Esta Asignación Compensatoria al Salario se considerará a cuenta del pago de las remuneraciones del personal afectado, debiendo los empleadores abonar el saldo restante de aquellas hasta completar las mismas. Dicho saldo se considerará remuneración a todos los efectos legales y convencionales.

Al solicitar el beneficio el empleador deberá retener la parte correspondiente a los aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino y obra social y el aporte al INSSJP.

En el caso que el empleador suspenda la prestación laboral el monto de la asignación se reducirá en un 25% y podrá ser considerada como parte de la prestación no remunerativa definida en los términos de la ley 20.744 art. 223 bis.

ARTÍCULO 10°.- REPRO Asistencia por la Emergencia Sanitaria.  El Programa REPRO Asistencia por la Emergencia Sanitaria consistirá en una asignación no contributiva a trabajadoras y trabajadores a través del Programa de Recuperación Productiva, a cargo del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, para empresas no incluidas en el artículo 8° y que cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 3° y 4° del presente Decreto de conformidad con el Artículo 5° del mismo texto. La prestación por trabajador tendrá un mínimo de $6.000 y un máximo de $10.000. A dichos efectos la autoridad de aplicación constituirá un nuevo Programa de Recuperación Productiva diferenciado y simplificado, manteniendo vigente la Resolución 25 de fecha 28 de septiembre de 2018 de la ex Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo, del entonces Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, en todo lo que resulte compatible.

ARTÍCULO 11°.- Sistema integral de prestaciones por desempleo. Elevar durante el periodo que establezca la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, los montos de las prestaciones económicas por desempleo a un mínimo de $6.000 y un máximo de $10.000.

Delégase  en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL las facultades de modificar la operatoria del Sistema integral de prestaciones por desempleo.

ARTÍCULO 12°.- Los empleadores alcanzados por los beneficios del artículo 2º deberán acreditar ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, la nómina del personal alcanzado y su afectación a las actividades alcanzadas.

El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL a) Considerará la información y documentación remitidas por la empresa. b) Podrá relevar datos adicionales que permitan ampliar y/o verificar los aportados inicialmente y solicitar la documentación que estime necesaria. c) Podrá disponer la realización de visitas de evaluación a la sede del establecimiento, a efectos de ratificar y/o rectificar conclusiones.

ARTÍCULO 13°.- Facúltese a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a extender la vigencia de las medidas del presente decreto y definir las actividades económicas afectadas en forma crítica por la emergencia Sanitaria. Para la definición de las actividades podrá realizar consultas a los MINISTERIOS DE ECONOMÍA, DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

ARTÍCULO 14°.- El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la  ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS y ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL podrán dictar las normas operativas necesarias para la efectiva aplicación de lo dispuesto en el presente Decreto.

ARTÍCULO 15°.- El presente decreto resultará de aplicación al período comprendido entre el 20 de marzo y el 30 de abril de 2020, inclusive, pudiendo este ser prorrogado por la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

ARTÍCULO 16°.- El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 17º.- Dése cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación.

ARTÍCULO 18°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

VISTO el Expediente N° EX-2020-…-APN-DGD#…, el Decreto de Necesidad y Urgencia 260 del 12 de marzo de 2020, las las Leyes N° 27.541, 27.264, y 24.013, 11.683, y los Decreto 618 del 10 de julio de 1997 y 507 del 24 de marzo de 1993,  y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Decreto de Necesidad y Urgencia 260 del 12 de marzo de 2020 dispuso ampliar la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN  MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en  relación con el coronavirus COVID-19, por el plazo de un año.

 

Que en razón de la emergencia declarada se han adoptado distintas medidas destinadas a restringir la expansión del virus COVID-19, limitando la circulación de personas y el desarrollo o la limitación al desarrollo de actividades determinadas, produciendo un impacto económico negativo sobre los sectores afectados.

 

Que a raíz de la situación de emergencia no sólo se debe procurar la adopción de medidas tendientes a la protección de la salud sino también a coordinar esfuerzos para mantener los procesos productivos en aras de garantizar el sostenimiento del empleo.

 

Que en tal sentido la merma de la actividad productiva por la crisis sanitaria en la que se encuentra el país afecta de manera inmediata y aguda a las empresas de menor dotación de personal.

 

Que es necesario adoptar medidas que reduzcan el impacto económico eliminando rigideces del sistema tributario.

 

Que es aconsejable, considerando la situación actual, en uso de las facultades conferidas por el artículo 58 inc. c) de la Ley 27.541 reducir y o postergar el pago de las contribuciones al Sistema Integrado Previsional Argentino del personal que desarrolla tareas en actividades afectadas, desde la fecha de entrada en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia 260 del 12 de marzo de 2020.

 

Que por los artículos 1º del Decreto 618 del 10 de julio de 1997 y 22º del Decreto 507 del 24 de marzo de 1993 la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS es la encargada de fijar los vencimientos de los recursos de la seguridad social, y el artículo 32 de la Ley 11.683 faculta a conceder facilidades de pago a favor de aquellos contribuyentes y responsables que acrediten encontrarse en condiciones económico-financieras que les impidan el cumplimiento oportuno de dichas obligaciones. Es oportuno instruir a la misma a la adopción de medidas que contemplen nuevos vencimientos de las contribuciones patronales y facilidades de pago para empleadores cuyos trabajadores han sido alcanzado por la emergencia.

 

Que la Ley N° 24.013 previó el despliegue de acciones por parte del PODER EJECUTIVO NACIONAL dirigidas a mejorar la situación socio-económica de la población, adoptando como eje principal la política de empleo, comprensiva ésta de la promoción y defensa del empleo. Que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, como autoridad de aplicación de la Ley N° 24.013, tiene a su cargo la elaboración de los planes y programas pertinentes y en tal sentido, dentro de sus competencias, la de disponer todas las medidas necesarias para alcanzar los objetivos previstos por las leyes a fin de atender las situaciones que pongan en peligro la calidad y/o cantidad de puestos de trabajo.

 

Que la Ley 27.264  instituye en forma permanente el Programa de Recuperación Productiva que fuera creado por la Resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social N° 481 de fecha 10 de julio de 2002 y sus modificatorias y complementarias.

Que el Programa de Recuperación Productiva es una herramienta de suma utilidad a los fines de coadyuvar a los empleadores a transitar la actual crisis sanitaria.

 

Que la dinámica de la pandemia y su impacto sobre la salud pública hacen imposible seguir el trámite para la sanción de las leyes.

 

Que la Ley N° 26.122, regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por el artículo 99 inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

 

Que la citada ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE tiene competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los Decretos de Necesidad y Urgencia, así como para elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles.

 

Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones, y que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Carta Magna.

 

Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.

 

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 1°, 2° y 58 de la Ley N° 27.541 y el artículo 99 inciso 1), 2) y 3) de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

 

 

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

DECRETA:

 

 

ARTÍCULO 1°.– Créase el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y trabajadores afectados por la emergencia sanitaria.

 

ARTÍCULO 2°.-  El Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción consistirá en la obtención de uno o más de los siguientes beneficios:

 

  1. Postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino.
  2. Asignación Compensatoria al Salario: Asignación no remunerativa abonada por el Estado para todos los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia del sector privado, comprendidos en el régimen de negociación colectiva en los términos de la Ley 14.250, para empresas de hasta 100 trabajadoras y trabajadores.
  3. REPRO Asistencia por la Emergencia Sanitaria: Suma no remunerativa abonada por el Estado para las trabajadores en relación de dependencia del sector privado, comprendidos en el régimen de negociación colectiva en los términos de la Ley 14.250 en empleadores que superen los 100 trabajadores y trabajadoras.
  4. Sistema integral de prestaciones por desempleo: las y los trabajadores que reúnan los requisitos previstos en los artículos 113 y 114 de la ley 24.013 accederán a una prestación económica por desempleo conforme las consideraciones estipuladas en el Artículo 11 del presente Decreto.

 

ARTÍCULO 3°.- Los sujetos alcanzados por la presente norma podrán acogerse a los beneficios estipulados en los incisos a), b) y c) del artículo 2 del presente decreto en la medida en que den cumplimiento con uno o varios  de los siguientes criterios.

  1. Cuando sus actividades económicas fueran afectadas en forma crítica en las zonas geográficas donde se desarrollan.
  2. Con trabajadores contagiados por el COVID 19 o en aislamiento obligatorio o con dispensa laboral por estar en grupo de riesgo u obligaciones de cuidado familiar relacionadas al COVID 19.
  3. Se acredite una sustancial reducción en sus ventas con posterioridad al 20 de marzo de 2020.

 

La JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS determinará las condiciones para el cumplimiento de los requisitos establecidos en este artículo.

 

ARTÍCULO 4°.- Los empleadores que adhieran a los beneficios del presente Decreto, durante su vigencia, deberán abstenerse de disponer despidos sin causa (art. 245 LCT) y por razones de fuerza mayor (art. 247 LCT). Los trabajadores despedidos sin causa (art. 245 LCT)  y por razones de fuerza mayor (art. 247 LCT) desde el 29 de febrero de 2020 deberán ser incorporados nuevamente bajo las mismas condiciones laborales.

ARTÍCULO 5°.- EXCLUSIONES. Se encuentran excluidos de los beneficios del presente decreto aquellos sujetos que realizan las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia sanitaria y que se encuentran exceptuados del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, conforme las prescripciones del artículo 6° del decreto 297 de fecha 19 de marzo de 2020 y la Decisión Administrativa N°429 del 20 de marzo del 2020 de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y eventuales ampliaciones, así como todas aquellas otras que sin encontrarse expresamente estipuladas en las normas antedichas no exterioricen indicios concretos que permitan inferir una disminución representativa de su nivel de actividad.

ARTÍCULO 6°.- La JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS establecerá los criterios objetivos, actividades y demás elementos que permitan determinar la asistencia a recibir por las sujetos beneficiados así como los parámetros previstos en el artículo 3.

ARTÍCULO 7°.- Beneficios de la seguridad social. Los sujetos que cumplan con los requisitos establecidos los artículos 3° y 4° del presente Decreto de conformidad con el Artículo 5° del mismo texto, accederán a uno de los siguientes beneficios en materia de las obligaciones emanadas del sistema de seguridad social:

 

  1. Postergación de los vencimientos para el pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino.
  2. Reducción de hasta el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95 %) de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino devengadas durante el mes de abril del 2020. El beneficio de la reducción será establecido por la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS en función de los parámetros que defina la reglamentación según lo establecido en el artículo 3°.

 

El beneficio estipulado en el inciso b) del presente artículo será para empleadores cuyo número total de trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia, al 29 de febrero de 2020, no supere la cantidad de SESENTA (60). Aquellos empleadores, cuya plantilla de personal en relación de dependencia supere dicha cantidad, en las condiciones allí establecidas, deberán, a los efectos de gozar del mencionado beneficio, promover el Procedimiento Preventivo de Crisis en el Capítulo 6 del Título III de la Ley N° 24.013, con los alcances y limitaciones que establezca la reglamentación.

 

ARTÍCULO 8°.- Instrúyase a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS a disponer vencimientos especiales para el pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino devengadas durante los meses de marzo y abril del año en curso, y facilidades para el pago de las mismas, a los fines de las postergación establecida en el inciso a) del artículo 7 ° del presente Decreto aplicable a los empleadores que defina la reglamentación según lo establecido en el artículo 3°.

 

ARTÍCULO 9°.- Asignación compensatoria. La Asignación Compensatoria al Salario consistirá en una suma no remunerativa abonada por la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL para todos o parte de los trabajadores comprendidos en el régimen de negociación colectiva (Ley Nº 14.250) en empleadores de hasta 100 trabajadores y que cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 3° y 4° del presente Decreto, de conformidad con el artículo 5 del mismo texto. El monto de la asignación se determina de acuerdo a los siguientes parámetros:

  1. Para los empleadores de hasta 25 trabajadores: 100% del salario neto, con un valor máximo de UN (1) Salario Mínimo Vital y Móvil vigente.
  2. Para los empleadores de 26 a 60 trabajadores: 100% del salario neto, con un valor máximo de hasta un 75% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente.
  3. Para los empleadores de 61 a 100 trabajadores: 100% del salario neto, con un valor máximo de hasta un 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente.

Esta Asignación Compensatoria al Salario se considerará a cuenta del pago de las remuneraciones del personal afectado, debiendo los empleadores abonar el saldo restante de aquellas hasta completar las mismas. Dicho saldo se considerará remuneración a todos los efectos legales y convencionales.

Al solicitar el beneficio el empleador deberá retener la parte correspondiente a los aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino y obra social y el aporte al INSSJP.

En el caso que el empleador suspenda la prestación laboral el monto de la asignación se reducirá en un 25% y podrá ser considerada como parte de la prestación no remunerativa definida en los términos de la ley 20.744 art. 223 bis.

ARTÍCULO 10°.- REPRO Asistencia por la Emergencia Sanitaria.  El Programa REPRO Asistencia por la Emergencia Sanitaria consistirá en una asignación no contributiva a trabajadoras y trabajadores a través del Programa de Recuperación Productiva, a cargo del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, para empresas no incluidas en el artículo 8° y que cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 3° y 4° del presente Decreto de conformidad con el Artículo 5° del mismo texto. La prestación por trabajador tendrá un mínimo de $6.000 y un máximo de $10.000. A dichos efectos la autoridad de aplicación constituirá un nuevo Programa de Recuperación Productiva diferenciado y simplificado, manteniendo vigente la Resolución 25 de fecha 28 de septiembre de 2018 de la ex Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo, del entonces Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, en todo lo que resulte compatible.

ARTÍCULO 11°.- Sistema integral de prestaciones por desempleo. Elevar durante el periodo que establezca la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, los montos de las prestaciones económicas por desempleo a un mínimo de $6.000 y un máximo de $10.000.

Delégase  en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL las facultades de modificar la operatoria del Sistema integral de prestaciones por desempleo.

ARTÍCULO 12°.- Los empleadores alcanzados por los beneficios del artículo 2º deberán acreditar ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, la nómina del personal alcanzado y su afectación a las actividades alcanzadas.

El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL a) Considerará la información y documentación remitidas por la empresa. b) Podrá relevar datos adicionales que permitan ampliar y/o verificar los aportados inicialmente y solicitar la documentación que estime necesaria. c) Podrá disponer la realización de visitas de evaluación a la sede del establecimiento, a efectos de ratificar y/o rectificar conclusiones.

ARTÍCULO 13°.- Facúltese a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a extender la vigencia de las medidas del presente decreto y definir las actividades económicas afectadas en forma crítica por la emergencia Sanitaria. Para la definición de las actividades podrá realizar consultas a los MINISTERIOS DE ECONOMÍA, DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

ARTÍCULO 14°.- El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la  ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS y ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL podrán dictar las normas operativas necesarias para la efectiva aplicación de lo dispuesto en el presente Decreto.

ARTÍCULO 15°.- El presente decreto resultará de aplicación al período comprendido entre el 20 de marzo y el 30 de abril de 2020, inclusive, pudiendo este ser prorrogado por la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

ARTÍCULO 16°.- El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 17º.- Dése cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación.

ARTÍCULO 18°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

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